De los 25 empleados de la panadería Inca, sólo tres lograron conservar sus trabajos. Las empleadas se apostaron a la entrada de la panadería a la espera de respuesta de su situación laboral. Aseguraron que les prometieron un aumento pero después les informaron que recibirían 11 mil bolívares de sueldo, menos de lo que ganaban originalmente.
Denunciaron que fueron agredidas al ingresar al recinto: Cantaban consignas alusivas al gobierno, otra empleada denunció que le arrebataron de las manos un refresco que había comprado y la tercera fue arroyada con una moto dentro de la panadería. Desde que estos sucesos tuvieron lugar les prohíbieron la entrada por lo que decidieron iniciar la protesta.
Al ser emplazadas por el dueño de la panadería afirmaron que fue amenazado para que no se aparecía en el lugar. Además denunciaron que la comunidad está muy descontenta porque rayaron los alrededores con grafitis.
En cuanto a las afirmaciones de Solorzano, las trabajadores explicaron que el recinto tiene el papeleo de sanidad al día y recientemente fue fumigado.
Por su parte, José Solorzano el nuevo encargado de la panadería denunció que el comercio tenia problemas de salubridad y acaparamiento de harina. Solorzano fue el único encargado en dar declaraciones a la prensa pues inhibió a sus trabajadores dentro del recinto de dar entrevistas a la prensa pues según él “lo que van hacer es tergiversar”.
Johana Marquez, miembro de la Junta Interventora del Cuartel Miraflores, señaló que no se está vendiendo pan salado-regulado al público porque los panes son destinados a los Clap del Cuartel Miraflores únicamente. Al ser cuestionada por el abastecimiento de las familias de la comunidad de Altagracia donde se ubica la panadería, Marquez respondió que en la parroquia a otras panaderías que prestan el servicio.
Gabriel Rodríguez, miembro del Clap del Cuartel Miraflores indicó que a diario unas 600 familias están siendo atendidas con la producción de la panadería Inca, surtiendo de uno 400 panes en la mañana y en la tarde.
