El Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, impulsa una “neocolonización minera” para atraer capitales de las trasnacionales, lo que incluye desplazar a pueblos indígenas, denunció hoy el diputado Américo De Grazia.
“Vamos a estar de frente contra la corrupción, contra la mafia del oro y contra ese neocolonialismo minero que pretende el Gobierno para favorecer al gran capital a través de la entrega de nuestras riquezas a 150 trasnacionales” de oro y otros minerales, dijo el legislador a la edición virtual del diario El Nacional.
De Grazia es diputado en representación de la zona suroriental venezolana que alberga el llamado “Arco Minero del Orinoco”, una zona rica en oro, coltán, diamantes, bauxita y otros minerales que el Gobierno ha admitido este año que será explotada industrialmente.
El “Arco Minero” ocupa un área de 111.000 kilómetros cuadrados situada al sur del río Orinoco que divide en dos a Venezuela, y sus minas de oro, principalmente, son explotadas artesanalmente por grupos ilegales.
El viceministro de Minas, Richard Lozada, dijo el pasado 23 de febrero que está pendiente de certificación internacional en esa zona una “reserva por 33 millones de quilates” y una potencialidad en diamantes “que permite hablar de miles de millones de quilates”.
Los cálculos oficiales contabilizan también 14.000 millones de toneladas de hierro, 2.000 millones de toneladas de bauxita y una potencialidad en coltán valoradas en más de 100.000 millones de dólares.
Las reservas de oro de Venezuela, según Lozada, suman 4.000 toneladas, “pero podrían incorporarse 7.000 toneladas que equivalen a mucho más de 200.000 millones de dólares”, monto que el ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, elevó en abril a 280.000 millones de dólares “con una explotación potencial de hasta 70 años”.
El diputado opositor fue acusado ayer por el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, de vínculos con “paramilitares como Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias ‘El Topo’”, abatido en una mina de oro de la zona donde en marzo su grupo asesinó a 17 mineros.
“Tenemos información exacta que vincula a un diputado de la derecha que tenía el número exacto de víctimas en el mismo momento en que se desarrollaba la masacre de un lugar donde solo hay comunicación satelital”, dijo el ministro mostrando una fotografía con el rostro del parlamentario opositor.
“Que no se equivoque el ministro. No está hablando con cobardes”, respondió De Grazia tras sostener que la masacre de marzo “no fue cualquier caso delictivo común, sino que fue una misión encargada por el Gobierno” para favorecer sus planes con las trasnacionales.
“En el marco de la masacre ocurrió la puesta en marcha del ‘Arco Minero’, también ocurrió la puesta en marcha de la compañía anónima militar gasífera, petrolífera y minera, asimismo ocurrió la bulla minera internacional en que invitaron a 150 trasnacionales del oro de 35 países distintos a participar en el proyecto”, reiteró.
