¿Viajar o no viajar al exterior? Allí se encuentra el dilema de muchos venezolanos, incluso los que ya tienen boleto aéreo comprado. Tras los anuncios que modificaron el sistema cambiario, las cuentas dejaron de ser las mismas y, ahora, para viajar a uno de los destinos con menor aprobación por el mínimo de días, como las islas del Caribe, se requiere de al menos Bs. 200.000, para pagarlos a la Tarjeta de Crédito (TDC). Otra interrogante que se ha vuelto usual es: ¿y qué hago si mi límite de crédito es menor a los Bs. 20.000?
Luego de los anuncios del 9 marzo, hechos públicos por el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, algunos venezolanos tomaron el riesgo y viajaron con o sin la aprobación del cupo de divisas para compras en el exterior. Sin embargo, el estatus no marcó la diferencia, con la aprobación o sin esta, muchos venezolanos regresaron a su país sin haber gastado un dólar, porque “las tarjetas no pasaban”.
La incertidumbre posterior al anuncio se ha apoderado de los venezolanos, que aunque reconocen que el cupo viajeros no es una prioridad para la economía del país, critican los mecanismos para la adquisición de divisas, es decir, las tarjetas de crédito y las limitantes de este instrumento, descrito por algunos como “clasista” y “excluyente”
Sobre este respecto, Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios (Anauco), considera que el verdadero problema es la asignación de la TDC como instrumento para la obtención de divisas, por ser un mecanismo “elitista, clasista y al que menos acceso se tiene en el mercado”. También cuenta con las tasas de interés más altas y comisiones onerosas, manifestó.
En tal sentido, indicó que un derecho constitucional como el libre tránsito no debe estar asociación a la capacidad crediticia de una persona. Se preguntó si, quien tiene mayor límite de pago, tiene mayor capacidad para viajar que el que tiene un límite inferior.
-Así no se miden los derechos. Los derechos deben ser iguales para todos y cada quien viaja en función de sus capacidades, pero no por una limitante de un instrumento financiero. Por eso nunca hemos estado de acuerdo con que sea la tarjeta de crédito el vehículo para ejercer un derecho como el del libre tránsito.
A esto sumó que los mecanismos ideados por el Gobierno son restrictivos, ya que no sólo se limita el gasto según destino y tiempo, sino que además, la tarjeta de crédito tiene sus propios límites, como el monto a gastar, lo que también restringe al viajero.
Restricción gubernamental
León Parilli sostiene que de esta manera el Gobierno “restringe indirectamente el uso de dólares”.
-Un Estado que quiere sincerarse con el pueblo y que quiere afrontar un problema, lo primero que hace es confesarlo. Tienen que decir que no tienen dólares, que tienen una limitante importante y que podrán en vigencia un mecanismo que sólo permita gastar cierta cantidad… Es mejor que digan las cosas como son y no, que comiencen a buscar retardo en las tarjetas, que le quiten la operatividad a los bancos privados y lo transfieran a los públicos para que colapsen y otra cantidad de bloqueos indirectos que restringen a los venezolanos en el uso de dólares.
A este comentario se sumó Orlando Zamora, exjefe de la División de Análisis y Riesgo Cambiario del Banco Central de Venezuela (BCV), quien explicó que la limitante en el uso del cupo, a través de las TDC es una demostración más de la “debacle” que atraviesa el país.
-Estamos en la peor situación, la de un régimen que debe hacer un máximo racionamiento de las divisas.
Apuntó que para este 2016 el máximo ingreso en divisas que se puede esperar son $ 22 mil millones, con lo cual también se pagan múltiples deudas, que podrían representar al menos el 50% de dichos recursos.
En tal sentido, acotó que el plan del Ejecutivo es seguir centralizando el acceso a los recursos, por lo cual aplican reducciones de otorgamiento en dólares, lo que “pone al descubierto la poca oferta de divisas”.
Zamora señaló que el cupo viajero, “no puede ser eliminado bajo ninguna circunstancia”, por ser el único mecanismo para la adquisición de divisas para compra de las personas naturales en el exterior”, el cual está siendo “claramente racionado y reducido”, lo que “amarra e impide el libre funcionamiento de la economía”.
-Se aprecian enormes inconsistencias en la política cambiaria, que deslizan al Dicom todas las ausencias, para intentar cubrir una brecha gigante entre un tipo de cambio que no representa la realidad y una moneda que se ha mantenido anclada durante un tiempo excesivo, el bolívar.
Indicó que este es el peor escenario cambiario: no se cuenta con un amplio ingreso de divisas, el Banco Central de Venezuela registra bajas reservas y tampoco puede reinvertir lo que no existe, se deterioró la cartera de bonos, el Fondo de Estabilización Macroeconómica (Fondem) no tiene reservas en moneda extranjera, ni tampoco el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
Se trata de un escenario propiciado por un conjunto de políticas erráticas, cuyo eje central es el tema cambiario, a causa del modelo que se intentó implantar.
En un artículo publicado en el portal Finanzas Digital, por Alejandro Cáribas, exsuperintendente de la banca y experto en el sector financiero, opina que “la asignación de divisas para viajes al exterior, su monto, los trámites para su obtención, la eliminación de la banca privada como operadores de tarjetas de crédito para su uso en el exterior y su pago en bolívares a la denominada tasa de cambio del sistema complementario flotante, tasa que pasó de Bs. 6,30 por dólar de los Estados Unidos de América a aproximadamente Bs. 250,00… constituyen una evidencia adicional del deterioro de la calidad de vida del venezolano”.
Solicitan aumento de su crédito
A objeto de viajar, los venezolanos estudian los mecanismos para solicitar el aumento del límite de crédito de las TDC, pensamiento que León Parilli describió como “peligroso”, porque así se “empuja” a los venezolanos a adquirir deudas.
En tal sentido, apuntó que si entonces se condiciona el goce de un derecho al límite crediticio otorgado por una entidad bancaria, este debería ser automáticamente e igualitariamente incrementado.
Recordó que la tarjeta de crédito es “una deuda que adquiere el ciudadano con el banco”.
No obstante, señaló que desde el punto de vista técnico y bancario, es indispensable medir la capacidad de pago de las personas, lo que a su vez genera una grave problemática, ya que entonces se estaría aplicando un mecanismo discriminatorio.
Manifestó que la TDC no es el mecanismo idóneo para el ejercicio de dicho derecho. Por el contrario, el mismo se pudiese garantizar, a través de tarjetas de débito y créditos en efectivo.
-La excusa es que existen raspacupos, pero es que los sigue habiendo, hagan lo que hagan, porque el verdadero problema es el valor del dólar… Que sea una tarjeta de crédito y no de débito, no garantiza que habrá menos fraude.
Expresó que el Estado debe entonces plantear mecanismos eficientes para detectar al infractor y castigador, sin que se limite a los venezolanos en un derecho constitucional.
Estado responsable
Respecto a las declaraciones del ministro Pérez Abad, quien ha indicado que “el límite de las tarjetas de crédito es decisión de la banca, no del Gobierno”, León Parilli opinó que se trataba de un comentario “fuera de contexto”, ya que el Ejecutivo nacional es el que “empuja” a los ciudadanos a usar este instrumento para la adquisición de las divisas y, por tanto, condiciona el libre tránsito.
A esto sumó que “el banco que otorga la tarjeta de crédito es del Estado”, por lo cual, también tendrían responsabilidad en dicho punto.
Se atacan las consecuencias
Sobre la posibilidad de que los bancos estudien la extensión de los plazos de financiamiento, a fin de disminuir los costos de pago mínimo, el presidente de Anauco, apuntó que un planteamiento de este tipo, atendería el problema y no las causas.
El problema es derivado del uso obligatorio de una tarjeta de crédito para ejercer el problema del libre tránsito.
Explicó que extender el plazo de pago o los límites de crédito, podría favorecer la situación coyuntural de algunos ciudadanos, pero no resuelve el problema de fondo: la lesión constitucional por discriminación a todo aquel que no tiene una tarjeta o el límite de crédito suficiente.
Recordó que los bancos son empresas o negocios de intermediación financiera que no pueden funcionar con base en que las persona puedan ejercer el derecho al libre tránsito.
Mientras se encuentra una solución
Pero ante la realidad presente Alejandro Cáribas, explica que “el tarjetahabiente que desee optar por los dólares para viajeros debe solicitar a su banco una ampliación del límite de crédito de su tarjeta de crédito”, lo que representa una actualización de la documentación en el banco, entidad ante la cual se deben comprobar los ingresos mensuales, a fin de evidenciar que se pueden costear los pagos mensuales.
Expresó que de no obtenerse la ampliación, los viajeros deberán realizar pagos adicionales a sus tarjetas de crédito, a objeto de “autoaumentar”, el crédito y hacer uso del monto aprobado en el cupo viajero.
Apuntó que las entidades bancarías deberán analizar los posibles mecanismos para el aumento de los montos financiados a través de este instrumento, realizar las evaluaciones correspondientes de la capacidad de pago de los clientes y calcular “la posibilidad de extender el plazo de financiamiento para disminuir las cuotas por pago mínimo”.
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