Para el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino desde el punto de vista jurídico el Parlamento no puede hacer nada porque la Sala Constitucional es el máximo organismo que puede interpretar a la Constitución. “La AN sólo le queda tomar acciones políticas”, dijo
La sentencia impuesta ayer por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó a la Asamblea Nacional, desde el punto de vista jurídico, de “manos atadas”.
Según el escrito del Supremo se le revocó al Parlamento la potestad de poder realizar cualquier acción contralora sobre el Ejecutivo nacional, el Poder Moral, Alto Mando Militar y hasta el mismo organismo de justicia del país.
El argumento de la Sala Constitucional del TSJ, para aplicar esta sentencia, se debe a que todas las acciones de la AN estarían “obstaculizando” el trabajo del Ejecutivo nacional.
Para el abogado constitucionalista Pedro Alfonso del Pino esta sentencia sólo deja a la Asamblea Nacional a tomar acciones políticas para contrarrestar las medidas.
“En aspecto jurídicos no hay vías que la AN pueda tomar debido a que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo organismo judicial en el país. Las salidas establecidas en la Constitución, las enmiendas, referéndum revocatorio quedarían descartados si el Ejecutivo, a través del TSJ, continua desconociendo al Parlamento”, declaró el abogado en una entrevista a El Nacional Web.
Del Pino también aseguró que la constante usurpación de la Sala Constitucional estaría buscando dejar a la Asamblea Nacional como un simple ente de opinión pública al revocarle sus atribuciones constitucionales.
El abogado constitucionalista que algunos de los mecanismo políticos que la mayoría en la AN puede tomar están la implementación de una mayor presión popular sobre el gobierno nacional y la de insistir a acceder a los organismos internacionales, como la Carta Democrática Interamericana de la OEA.
“No existe una receta política para aplicar, pero es algo que el Parlamento debe considerar”, dijo.
Magistrados “intocables”
Según establecido en la parte argumentativa de la sentencia aplicada ayer por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional no podrá revocar a los magistrados de las diferentes Salas del órgano judicial debido a que “no cuenta” con las dos terceras partes de la Cámara.
“Esto es una mala interpretación de la Constitución. Si la Cámara cuenta con 164 diputados, debido a la desincorporación de los representantes de Amazonas y Apure a exigencia de la Sala Electoral del TSJ, la mayoría calificada sería de 109 diputados. Sin embargo, la Sala Constitucional dice que tiene que ser 112 diputados para que sea considerada mayoría calificada en la AN”, declaró Del Pino.
Según la Carta Magna venezolana son necesarias las dos terceras partes de la Asamblea Nacional para poder remover magistrados del TSJ, con la previa petición del Poder Ciudadano, y para reformar Leyes Orgánicas en caso que lo amerite.
“No es extraño que esa sentencia salga cuando se iba a aprobar en primera discusión el documento que solicitaba la creación de una Comisión para investigar la asignación de los 13 magistrados principales y 21 suplentes, envestidos en diciembre del año pasado”, resaltó.
Potestad de no acatar
Según la ex magistrada y abogada Blanca Rosa Mármol de León, la Asamblea Nacional está en su derecho de no acatar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que inhibe al parlamento de realizar acciones contraloras contra los demás Poderes Públicos y Alto Mando Militar.
“El panorama que se podría plantear es que el Parlamento no acate la decisión y continúe con la investigación de los magistrados. Si se consiguen vicios, que los hay, en la asignación de juristas tendrías que ser removidos de sus cargos”, declaró en una entrevista a El Nacional Web.
Sin embargo, la ex magistrada dijo que lo más factible es que la AN recurra a organismos internacionales para dejar en evidencia el desconocimiento del gobierno antes el Poder Legislativo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, aseguró hoy en rueda de prensa que desde el hemiciclo se seguirán realizando las investigaciones necesarias, tal y como lo establece la Constitucional.
“A pesar de estar trabas seguiremos cumpliendo nuestras obligaciones. Ya después veremos que sucede”, resaltó el diputado.
