24 casos de violación a la libertad de expresión y al derecho a la información fueron reportados en los 28 días del mes de febrero. En total, estas agresiones afectaron a 33 trabajadores de la prensa (periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos) y de manera directa a 10 medios de comunicación, cuyas transmisiones resultaron interrumpidas de manera parcial o total.
En los casos documentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), destacan la expulsión ilegal de dos periodistas brasileños que investigaban el caso Odebrecht, la detención ilegal en manos de cuerpos de seguridad de al menos seis periodistas y el cese de las transmisiones de la cadena internacional de noticias CNN en Español. Aquí el detalle:
El 2 de febrero, José Araujo, camarógrafo de Noticiero Venevisión fue amenazado y amedrentado por un funcionario del equipo del ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, tras una rueda de prensa en esa sede ministerial. Según relató nuestro delegado voluntario, Euclides Sotillo, un hombre de apellido Zambrano se acercó a los equipos reporteriles que hacían tomas de apoyo en una sala, y les pidió con un tono intimidante que bajaran la voz o se retiraran del sitio y ante el reclamo del camarógrafo por su forma grosera, respondió con amenazas. El funcionario le dijo a Araujo “te voy a fregar en otro sitio cuando te vea”.
El 3 de febrero, el sitio web de noticias “El Cambur” sufrió ataques a sus servidores que produjeron su caída de la web durante dos días. La agresión dañó por varias semanas el sistema proxy que genera las imágenes enlazadas a los mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, tal como reportaron desde su plataforma digital.
El 6 febrero atracaron a los periodistas del diario Versión Final, en Zulia, Paola Cordero y Juan Guerrero. El equipo había terminado de hacer unas fotos en el parque Capitán Chico en el barrio Santa Rosa de Agua, en Maracaibo, cuando dos delincuentes les trancaron el paso en uno de los trechos que debían cruzar para llegar a su vehículo. Intimidándolos con un arma, les quitaron la cámara fotográfica. La información la dio Gustavo Ocando Alex, jefe de edición del diario zuliano, quien denunció que al fotógrafo le quitaron la cámara Nikon, propiedad del diario, se llevaron el reloj de la periodista y el teléfono celular del chofer.
El 7 de febrero, el reportero de El Pitazo, Armando Altuve fue robado cuando daba cobertura a la Marcha de la Salud, convocada por la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud). Mientras registraba la entrega de un documento en la sede del Distrito Sanitario Número 3, en la avenida San Martín de Caracas. Hurtaron su teléfono. Altuve relató que tras hacer grabaciones, guardó el celular en el bolsillo de su pantalón y al salir de las instalaciones de ese despacho se percató que no tenía su herramienta de trabajo. El reportero lamentó la pérdida, pues en el equipo guardaba material sensible de investigaciones periodísticas que desarrollaba para ese momento.
El 7 de febrero, el fotógrafo José Lugo, fue golpeado y amedrentado por miembros del colectivo Tupamaro, quienes le propinaron golpes y lo amenazaron con armas de fuego para quitarle la cámara con que registró la Marcha de la Salud, convocada por Fetrasalud, así nos reportó el mismo Lugo. El hecho tuvo lugar en San Martín, luego de culminada la manifestación y cuando el reportero gráfico intentaba salir del sitio. “Llegaron una cantidad de motorizados del colectivo Tupamaros, se acercaron a la manifestación unas 30 motos y llegaron arremetiendo contra las personas. Uno de ellos se acercó y me preguntó que para qué medio trabajaba, me arrebató el carnet y me trató de quitar la cámara. Se acercaron unas cinco personas más, me insultaron, me dieron patadas y me amenazaron con armas de fuego, me rompieron la ropa, hasta que se cansaron porque yo no soltaba mi cámara”, relató Lugo, quien indicó que los agresores le pidieron que corriera y se desapareciera del lugar.
El 7 de febrero, milicianos prohibieron la entrada de periodistas al Hospital Universitario Manuel Núñez Tovar (HUMNT) de Maturín. Los milicianos, encargados de la seguridad en el recinto, prohibieron el paso de seis periodistas de medios impresos alegando que necesitaban una autorización para solicitar información en el HUMNT. Familiares de pacientes salieron en defensa de los Periodistas y aseguraron que no quieren que tomen fotos porque el hospital está en situación deplorable. La Milicia Bolivariana en el sitio les negó el acceso alegando que necesitaban una autorización directa del director del centro asistencial, con quien los reporteros no lograron comunicarse, pese a los múltiples intentos.
El 8 de febrero, la Gobernación de Yaracuy emprendió una gira de medios para “desmentir” publicaciones de El Pitazo sobre muertes de niños recién nacidos en el Hospital Pediátrico de San Felipe y desacreditar a la periodista Joanly Paivas, a quien tildaron de irresponsable y de publicar declaraciones falsas, aún y cuando las entrevistas obtenidas para las tres entregas del reportaje fueron cotejadas y la reportera conversó posteriormente con la directora del centro de salud para conocer su versión de los hechos. Paivas relató que tras las publicaciones, llamaron desde el despacho del gobernador manifestando disgusto por las notas sin la versión oficial, a lo que la reportera respondió diciendo que pidió respuestas en el centro de salud y no las obtuvo. No obstante, El Pitazo publicó la entrevista concedida a la periodista desde el hospital como respuesta a las denuncias en la que dicha funcionaria “jamás negó las muertes, pero al desmentirlas en medios regionales dijo que las muertes no existían”.
El 8 de febrero, cerraron el programa “La Voz del Pregón”, transmitido por La Voz De La Victoria 97.1 FM, en el estado Aragua, tras una prohibición de la directiva del medio de entrevistar a dirigentes opositores en el espacio informativo y de opinión. Los productores y moderadores decidieron suspender el programa debido a presiones y limitaciones impuestas por la directiva del medio de comunicación que colocó en la cabina un escrito con la etiqueta #AquíNoSeHablaMaldeChávez, campaña promovida días antes por el dirigente oficialista Diosdado Cabello. Simón Henrique López, uno de los presentadores del espacio mixto, relató que el último día de transmisiones se le informó al equipo que no podían realizar más entrevistas y el dirigente de Primero Justicia, José Rojas, no podría salir al aire como estaba previsto.
El 9 de febrero, el reportero Erick González y la fotógrafa Vanesa Tarantino, del Diario 2001, fueron amenazados, detenidos por la fuerza y obligados por supuestos miembros de colectivos a borrar las fotografías y apuntes cuando realizaban una cobertura en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Caricuao, en Caracas. El equipo fue detenido por varios hombres, quienes los amenazaron con golpearlos o trasladarlos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en “El Helicoide”. González se vio obligado a arrancar las hojas que contenían la información registrada minutos antes y también a borrar las fotos capturadas. Los amedrentaron y les exigieron no acudir más a la zona.
El 10 de febrero circuló la última edición del semanario La Verdad Impresa de El Carabobeño por falta de papel. El 17 de marzo de 2016, después de 82 años, había salido de circulación la edición diaria.
El 10 de febrero, en la madrugada, delincuentes robaron la computadora central de la estación de La Tujillana Stereo 104.5FM de Valera, estado Trujillo. José Monagas, director de la emisora, reportó que el equipo robado era vital para su funcionamiento y que limitó considerablemente la difusión de sus contenidos.
El 10 de febrero, el presidente editor de Últimas Noticias censuró un trabajo de la periodista Génesis Carrero, referente a la relación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), con las toldas dentro del Gran Polo Patriótico (GPP). El trabajo que debía salir publicado en la fecha mencionada, tenía varias semanas terminado y había sido una pauta solicita por el propio director del diario, Eleazar Díaz Rangel; además, contaba con la aprobación de todos los coordinadores y jefes del área. Sin embargo, en horas de la noche, luego de que ya estuviera previsto en la edición, fue sacado y sustituido por un aviso publicitario.
El 11 de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) retuvo ilegalmente a los periodistas Jesús Urbina y María José Tua, coordinadores de Transparencia Venezuela en Maracaibo, y a dos periodistas de Brasil, Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, quienes estaban recopilando información sobre las obras inconclusas de Odebrecht, específicamente la del Puente Nigale, ubicado en el estado Zulia. Los cuatro fueron detenidos ilegalmente por más de 10 horas en las instalaciones del Sebin-Maracaibo. Transcurrido ese tiempo, fueron liberados los reporteros venezolanos, pero el Sebin escoltó a los brasileños a su hotel y los vigiló con patrullas estacionadas en la entrada del lugar de donde salieron la mañana siguiente escoltados nuevamente para ser expulsados del país.
El 12 de febrero, a las 5:35 de la tarde, y fuertemente custodiados por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, abordaron el vuelo 925 de Avianca, expulsados por el Gobierno de Venezuela. A los reporteros no les fue permitido recoger su equipaje y reportar su salida en el hotel donde se hospedaban, pues la diligencia fue hecha por funcionarios de la policía política que decomisaron parte importante de sus equipos de trabajo. Después de estar custodiados durante la noche anterior, los trasladaron a Caracas en un vuelo privado para, posteriormente, ser devueltos a Brasil.
El 14 de febrero, un equipo de contra Inteligencia Militar obligó a equipo de del canal Notiminuto a borrar imágenes hechas durante el allanamiento de Odrebrecht, en Caracas. Los funcionarios detuvieron durante 15 minutos al periodista Gregory Jaimes y al camarógrafo Giovanni Molina, y los obligaron a borrar una entrevista que tenían sobre el allanamiento a las oficinas centrales de Odebrecht Venezuela. Les pidieron sus cédulas de identidad, identificación del medio y obligaron a Jaimes a llenar una planilla con sus datos personales: nombre completo, cédula de identidad, dirección de residencia, números de teléfono y medio para el que labora.
El 14 de febrero, grupos violentos intentaron quitar su equipo a trabajadores de ULA TV, canal de la Universidad de Los Andes, en la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa institución. El periodista Leo Rodríguez reportó que la cámara sufrió daños menores y él y su camarógrafo salieron huyendo para evitar que les quitarán los equipos.
El 15 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), aplicó una “sanción administrativa” contra la cadena internacional CNN en Español que implica “la suspensión y salida inmediata del canal de noticias CNN en Español en el territorio nacional”. En el comunicado emitido por Conatel se señala que el canal “incita a probables agresiones externas contra la soberanía” de Venezuela y mantiene una programación diaria que “atenta contra la paz y la estabilidad democrática” y genera un “clima de intolerancia”. La instancia sostiene que se trata de una medida preventiva con “consecuenciales medidas cautelares”. La medida fue dictada tres días después de que el presidente Nicolás Maduro pidiera que la cadena televisiva fuera sacada de país tras la publicación del especial “Pasaportes en la sombra”, una investigación periodística en la que reveló la supuesta emisión fraudulenta de visas y pasaportes en la Embajada de Venezuela en Iraq.
El 16 de febrero,el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Andrés Eloy Méndez anunció que su despacho cuenta con la tecnología suficiente para aplicar bloqueos a contenidos en Internet y que se estaban realizando todas las gestiones para “cumplir con la providencia administrativa emitida por la comisión” y bloquear de la web las transmisiones en vivo de CNN en Español.
El 16 de febrero, el portal web Aporrea sufrió un ataque en su plataforma digital que lo dejó desconectado por al menos tres días, según reportó el medio web desde sus plataformas en las redes sociales. En un comunicado, explicaron que el servidor de Aporrea.org había sido objeto de un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DoS (por sus siglas en inglés), que ha impedido que los usuarios puedan tener acceso al contenido publicado en este web.
El 17 de febrero, dos reporteros gráficos fueron golpeados por un grupo de personas durante la cobertura de las elecciones estudiantiles dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Felipe Romero, de Caraota Digital, y Rafael Hernández, de NTN24, fueron golpeados y amenazados por supuestos colectivos. El grupo de alrededor de 10 sujetos amedrentó a Romero, quien recibió golpes en el rostro y el torso y fue amenazado para que entregara la memoria de su cámara fotográfica. Romero se vio obligado a borrar el material de su cámara y los atacantes le sustrajeron la memoria del equipo. El incidente fue grabado por Hernández, quien fue empujado y amenazado con un arma de fuego y logró resguardarse dentro de un cafetín de la Casa de Estudios, hasta que salió camuflajeado y huyendo del recinto universitario para evitar a los agresores. Durante esta cobertura también obligaron al equipo de El Noticiero, de Televen, conformado por la periodista Kristell Chopite y el camarógrafo Richard Castillo, a borrar las imágenes capturadas del proceso.
El 18 de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a dos camarógrafos independientes, identificados como Andreas Díaz y Rulmer Ochoa, luego de que presuntamente grabaran con drones la manifestación #NoMásDictaduraEnVzla, convocada por el partido Voluntad Popular a tres años de la detención de Leopoldo López. Los trabajadores de la prensa fueron retenidos en la Sebin Helicoide, según la Prensa de Voluntad Popular
El 18 de febrero, diez funcionarios de seguridad del Consejo Legislativo del estado Sucre (Cles) agredieron y amenazaron al periodista José Gregorio Rengel, encargado de comunicaciones en la Oficina Parlamentaria del diputado regional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Paúl Elguezabal. Las agresiones iniciaron a las 10:30 a.m. de este viernes 18 de febrero en las instalaciones del parlamento regional, mientras Rengel iniciaba la cobertura del acto de Memoria y Cuenta de Elguezabal. Los funcionarios, quienes cortaron la energía eléctrica en la sede parlamentaria para evitar la realización del evento de gestión, advirtieron que atentarían contra la vida del periodista, por registrar, con su teléfono, videos de lo ocurrido. Según relato de Rengel, los trabajadores del área de seguridad siguieron instrucciones desde la presidencia de la institución para no permitir que se realizara el acto del diputado Elguezabal. El periodista, junto con activistas del partido Primero Justicia (PJ), tolda en la que milita Elguezabal, se retiraron del lugar hacia el área dl sótano, lugar donde funciona el estacionamiento, y allí fueron perseguidos por los funcionarios quienes continuaron con agresiones al equipo que acompañaba al legislador e intentaron arrebatar el teléfono con el que laboraba el periodista. “Estaba grabando, me amenazaron y me gritaban “fuera de aquí si no quieres que te jodamos, fuera, fuera’, al mismo tiempo otros funcionarios me grabaron y tomaron fotos”, relató el agredido. En el sitio también agredieron a activistas de Primero Justicia que acudieron al evento.
El 18 de febrero, a las 10:30am aproximadamente, fue agredida Miranda Conde, Periodista Free-Lance y quién forma parte del equipo de prensa del Legislador Paul Elgüezabal, en la sede del Consejo Legislativo del Estado Sucre (CLES), durante una rueda de prensa convocada por el Legislador por la alianza opositora. Durante la presentación de dicho informe cortaron la electricidad y presuntos funcionarios y dirigentes del oficialismo irrumpieron en el recinto, con la finalidad de evitar se efectuara la rueda de prensa, Miranda detalló a nuestra delegada voluntaria Carolina Isava que hubo gritos y forcejeo entre los presentes. Un funcionario tomó a la periodista por un brazo y la golpeó en contra de una de las paredes del recinto, luego la tomó por el cuello con el antebrazo para sacarla del lugar, al mismo tiempo que la arrastraba a la salida, mientras otro acompañante del equipo del legislador forcejeó con el funcionario para que la soltara.
El 22 de febrero, el actor venezolano Laureano Olivares fue acusado por el equipo de Caraota Digital de agredir a un reportero gráfico de ese medio y amenazarlo de muerte, además de que fuera despojado de la tarjeta de memoria de la cámara durante la cobertura del estreno de “Los 8-6”, en un centro comercial de Caracas. El equipo reporteril, conformado por la periodista Vanessa Guzmán y el camarógrafo Rander Marín, reportó que “el actor me golpeó con la mano en el pecho, me amenazó con lanzarme el trípode de la cámara en la cabeza. Después me dijo que si me veía en la calle me iba a matar”. Personal de la producción intervino y separaron a Olivares del camarógrafo, y procedieron a sacarlo de la sala de proyección. A la periodista Vanessa Guzmán también le pidieron que saliera, presuntamente con “adjetivos degradantes hacia la mujer”.
El 22 de febrero, el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, durante una rueda de prensa criticó la cobertura dada por los medios de comunicación privados Televisora Regional del Táchira y Diario La Nación a los hechos violentos que se suscitaron en la Universidad de Los Andes la madrugada anterior en la que un grupo violento ingresó a la casa de estudios y generó destrozos. El dirigente criticó que estos medios no busquen las versiones oficiales de su despacho ante los hechos. Refirió que TRT tiene varios años con la concesión vencida y que cada vez que viaja a Caracas pide a Conatel que le sea renovada para que se mantenga al aire. “¿Por qué TRT es tan malo conmigo?, ¿por qué TRT es tan malo con el Táchira? Señores, no escuchen una sola parte”, dijo. “A mí nunca me llama TRT o me busca como deben hacer los periodistas. Siempre ponen al criminal, al terrorista a hablar, a mentir descaradamente”, acotó. No obstante, ambos medios de comunicación expusieron la versión de la Gobernación sobre los hechos acontecidos.
El 23 de febrero, con arma de fuego amenazaron al fotógrafo del diario La Mañana de Coro, estado Falcón, Elvis Ocando, en la alcaldía de Coro, para robarle la cámara. El sujeto armado fue señalado como un presunto escolta del alcalde del municipio Miranda, de esa entidad, quien entre gritos y amenazas intentó despojar a Ocando de su cámara con la que capturó un altercado entre militantes del partido Vente Venezuela y afectos a la Alcaldía cuando los primeros se dirigieron hacia la sede del ayuntamiento para introducir un documento en la cámara municipal y solicitar un derecho a palabra. La periodista Janeth Torres, compañera de labores de Ocando, se resguardó junto a los otros trabajadores de la prensa en una oficina de la alcaldía donde les brindaron protección, pues algunos de los presentes en el hecho hicieron tiros al aire.
El 27 de febrero, desconocidos ingresaron a la cabina de la estación radial Radio C 107.3 FM en Zea, estado Mérida y hurtaron equipos de transmisión que dejaron a la emisora fuera del aire. Horacio Rondón, director del medio, reportó que se llevaron un enlace, el transmisor y el UPS, por lo que ahora solo podrán estar al aire vía internet, hasta conseguir equipos de repuesto que solo les permitirán escucharse en la población de Zea. Antes del robo la emisora alcanzaba El Vigía, Valle de Mocotíes, la Zona Panamericana y parte del norte de Táchira. El monto de los equipos robados ascienden a más de 2 millones de bolívares.
El 27 y 28 de febrero, para los feriados de Carnaval, al menos 17 medios en todo el país decidieron no circular para ahorrar papel ante la monopolización del insumo por parte del Complejo Editorial Alfredo maneiro. A los cuatro diarios de circulación nacional que tomaron la medida: 2001, El Nacional, El Universal y Últimas Noticias, se sumaron los diarios regionales: el Impulso (Lara), El Sol de Margarita, Nueva Prensa de Guayana, La Verdad del Zulia, la Hora de Nueva Esparta, El Caribazo (Nva. Esparta), La Nación (Táchira), Última Hora, Diario de Occidente y el Regional todos de Portuguesa. También se suman La Verdad, El Periódico, El Sol de Maturín y la Prensa en el estado Monagas.