Desde la instalación de la Asamblea Nacional (AN) -el pasado 5 de enero- han transcurrido cuatro meses de lucha entre los poderes públicos, publica El Tiempo.
El Ejecutivo -con apoyo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)-, y el parlamento de mayoría opositora han entablado una confrontación que ha frenado el desempeño armónico de las instituciones.
Apenas una de las leyes sancionadas por el Legislativo ha logrado vencer el cerco de los otros dos poderes, mientras cuatro instrumentos legales han sido bloqueados.
Desde la AN se han aprobado las leyes de Reforma del Banco Central de Venezuela; Amnistía y Reconciliación Nacional; de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a los Beneficiarios de la Misión Vivienda y la Reforma de la Ley del TSJ, pero ninguna de ellas ha recibido el Ejecútese por parte del presidente Nicolás Maduro.
Además, otras acciones del parlamento, como el voto de censura contra el ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres -la cual llevaría a su destitución-, han sido pasadas por alto.
El único punto que se ha anotado el Poder Legislativo en esta lucha entre poderes ha sido el de la Ley de Bono Alimentación para Pensionados y Jubilados, que fue declarada constitucional por parte del TSJ el 30 de abril, aunque se exigió presentar un informe de viabilidad financiera.
El riesgo de quebrantar las reglas
El abogado constitucionalista José Vicente Haro considera que el actual choque entre los poderes públicos podría llevar al país a una situación de anarquía.
“Los poderes públicos están desconociendo la Constitución y cuando en un país se promueve el desconocimiento de la Constitución se está dejando el camino libre para que el ciudadano actúe de la misma manera”, expresó.
El experto explicó que una de las manifestaciones de ese sentir de parte de la población de tener derecho a quebrantar las reglas es la de los linchamientos que se han producido en los últimos meses.
“El punto de quiebre de la situación puede terminar siendo el desconocimiento por parte del ciudadano de las autoridades, algo que se ve cuando algunas personas plantean la desobediencia civil”.
Resolver conflicto fuera de las normas
El constitucionalista Oleg Oropeza asegura que la confrontación entre la AN y el Gobierno -junto con el TSJ-, conduce al país a un estado de anomia donde en definitiva quienes salen perjudicados son los ciudadanos.
“Se requieren acuerdos mínimos para la gobernanza que debe estar orientada a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, pero al no haber esa satisfacción pudiéramos ver la resolución de problemas y necesidades fuera de las normas, en el marco de la confrontación, lo que vemos en los actos de violencia por la escasez de productos”.
Aseguró que el enfrentamiento comenzó con la declaración del presidente de la AN, Henry Ramos Allup, quien fijó un plazo de 6 meses a fin de presentar un mecanismo para el cese del gobierno.
