El abogado Vicente González de La Vega señaló que la constitucionalidad de la Ley de Producción Nacional, propuesta por la Asamblea Nacional (AN), está en juego pues explicó que el texto “invade” facultades del Poder Ejecutivo.
“En la ley se plantea una serie de propósitos pero también de competencias, algunas de las cuales pudieran ser interpretadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como una invasión de las facultades del presidente de la República y del Consejo de Ministros. Es necesario que se hagan unas modificaciones para evitar que el TSJ use esa vía para declarar la inconstitucionalidad de esta ley como ha hecho con todo lo que ha aprobado la Asamblea Nacional”, puntualizó.
“Lo que no ha dicho que es inconstitucional es inviable. Le ha puesto tapones a todo lo que genera la AN”, comentó este jueves durante una mesa de análisis organizada por Cedice Libertad y su Observatorio Económico Legislativo.
El también profesor de Derecho Público Económico de la Universidad Metropolitana y del post grado de Derecho Corporativo resaltó que en la Ley también es necesario diferenciar la naturaleza de la comisión especial que está prevista en el artículo 15 del texto legal.
“La AN tiene que ser muy cuidadosa y previsiva del contenido de las normas para evitar que sirva de justificación para una anulación”, subrayó.
González de La Vega opinó que muchas de las consideraciones que plantea la ley no serán del agrado del gobierno. “El Estado venezolano está empeñado en instaurar un sistema socialista que es ajeno a nuestra Constitución y el ataque a ese modelo en el instrumento legal traerá como consecuencia un bloqueo por parte del Ejecutivo”, sostuvo.
Entre los aspectos positivos de la Ley de Producción Nacional, el especialista destacó el régimen de transparencia en el manejo de las empresas públicas, pues consideró que la opacidad ha sido una de las características preponderantes en los 17 años del gobierno.
Otro factor al que le dio el visto bueno fue a la rebaja de 30% del Impuesto Sobre la Renta del monto de las nuevas inversiones destinadas a aumentar la capacidad de producción. “Sin embargo, hay que tener cuidado porque pudiera generarse un hueco o un efecto contrario si no se armoniza con otras normas que están contenidas en la Ley de ISLR, en el Código Orgánico Tributario, entre otros”, recomendó.
También felicitó la flexibilización o desmontaje de algunas trabas que existen a través de permisos, licencias y solvencias. “Si hacemos una comparación con otros países, empezar un negocio en Venezuela desde cero puede llevarse más de medio año en trámites burocráticos y en otros lugares si llega a 30 días es mucho”, agregó.
Señaló que uno de los problemas que evita que la producción crezca es la ineficiencia laboral y explicó que eso se debe a que la cantidad de personas empleadas no es suficientemente eficiente, lo que genera un encarecimiento de los productos venezolanos en comparación con los artículos internacionales.
Por su parte, el diputado a la AN por el estado Miranda, Ángel Alvarado, dijo durante su intervención que el Parlamento busca con la ley “destapar los cuellos de botella” de la economía. Aunque destacó que lo que se ha establecido en 17 años no se desmontará en ese tiempo, sino en un lapso menor, en un período de transición.
Alvarado comentó que para abordar, por ejemplo, el problema de las expropiaciones, sería necesario otro proyecto de ley que incluya las empresas que fueron “arrebatadas”, aparte de las que han sido expropiadas y nacionalizadas.
“Hay que inspeccionar las empresas que fueron expropiadas por el gobierno y, si no están operativas o su producción ha caído en los últimos tres años, deben ser tomadas por un tercero que las reactive”, enfatizó.
Apuntó que cuando comenzaron las expropiaciones más de 90% de los venezolanos creía en ellas, tendencia que se revirtió porque actualmente más de 70% cree que esa no es la solución.
No desestimó que la ley sea un avance “poco tibio” por no tocar de manera directa la Ley Orgánica del Trabajo, la Ley Orgánica de Precios Justos y la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, consideró que si no se aborda el aspecto humano, el cual cree tiene un rol importante en la reconstrucción del país, “cualquier modificación de la economía no tendrá la atracción suficiente como para que sea sostenible en el tiempo, además eso puede apartar cualquier gobierno de transición”.
Enfatizó que la situación actual es dramática. “Hemos tenido un proceso de destrucción de la capacidad productiva de las empresas, de estas empresas de colocar productos propios, de generar valor agregado nacional, y unas consecuencias en términos de empobrecimiento de la población devastadoras”, aseguró.
Reiteró la solicitud que ya ha realizado desde Conindustria: Debe reconocerse el principio de la soberanía del consumidor, de la libre competencia, del abastecimiento seguro para el consumidor, de la promoción de la libre empresa, de la producción nacional y que se importe todo aquello que no se pueda generar en el país y el derecho a la defensa y al libre proceso. Reseña El Estimulo.
