Bandas armadas ordenan a los ciudadanos abandonar las calles y paralizan barrios enteros en Venezuela para celebrar los velorios a sus líderes muertos y protestar por supuestos ajusticiamientos de la policía.
Desde finales de enero esta situación de intimidación se ha dado en al menos dos ocasiones.
El 4 de febrero, el norte de la céntrica ciudad de Maracay amaneció inundado de volantes que advertían de que no debía circular nadie pues el día anterior había muerto un joven supuestamente a manos de la policía científica (CICPC).
Ese día, los padres buscaron apresurados a sus hijos en las escuelas antes de la hora de salida y los comercios cerraron sus puertas porque los volantes alertaban de que quien ejerciera labores diarias en la calle se atenía a “las consecuencias”.
El escrito se atribuye a José Gabriel Álvarez Rojas, conocido como “El Chino Pedrera”, presunto cabecilla de una banda criminal que en el pasado fue el líder de una cárcel de Aragua, el estado del que Maracay es capital.
La octavilla, que no está firmada, reclama al gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, “que tome medidas”, al afirmar: “no puede ser posible que por ser un joven que se preocupe por el bienestar de las comunidades del municipio Girardot de la zona norte de Maracay le quiten la vida como lo hicieron con Emilio José Rojas Madriz”.
Indica asimismo que “los principales corruptos del estado son los mismos órganos de seguridad”, pues no toman en cuenta las “labores sociales y donaciones” que el grupo que escribe la carta supuestamente realiza “a diario” en Aragua.
“Aquí en el estado Aragua nos vamos a hacer sentir por nuestros seres queridos y si quieren despertar a un monstruo nosotros estaremos en pié de lucha”, finaliza el escrito.
El anterior suceso ocurrió el 25 de enero en la ciudad de Porlamar, perteneciente a la isla de Margarita, donde un grupo de reclusos rindió homenaje a su exlíder Teófilo Cazorla, alias “El Conejo”, que murió tiroteado cuando salía de una discoteca.
Mientras los presos disparaban al aire con armas largas y pistolas, en el interior de la cárcel, al día siguiente, cuando se produjo el entierro, la banda exigió a los vecinos que no salieran a la calle para que la urna del delincuente circulara por la ciudad.
La oposición política, que ahora tiene mayoría en el Parlamento, anunció que abriría una investigación por el hecho de que los presos posean armas de guerra y solicitó la interpelación del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que aún no se ha realizado.
Para el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, “el nivel de organización del delito y del crimen en Venezuela está sustituyendo al Estado en algunos territorios”.
Briceño León afirmó a Efe que estas bandas están organizadas porque cuentan la financiación que les permite tener un “pié de fuerza” de hasta 600 hombres en algunos casos, además de armas y control sobre el territorio.
“En Maracay, en principio, ellos no hieren a nadie, no matan a nadie, pero todo el mundo se queda en su casa, les hacen caso y así demuestran que tienen el control, el territorio, que tienen el suficiente nivel de persuasión y que al fin y al cabo representan allí más que al propio Estado”, manifestó.
Según el experto, en las cárceles “se organizan delitos, se dirigen secuestros y se cobran rescates” y también se hacen “demostraciones de fuerza como la vista en Margarita”.
Además, los asesinatos de policías son cada vez más frecuentes en Venezuela, apunta el director del OVV, quien reconoce que se están produciendo “muchos ajusticiamientos” de criminales por parte de los funcionarios de seguridad.
La organización OVV presentó en diciembre un informe en el que señala que Venezuela registró en 2015 la cifra récord de 27.875 muertes violentas, lo que significa una tasa de 90 por cada cien mil habitantes.
Fuentes oficiales reducen significativamente las cifras. Según la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en 2015 la tasa de homicidios fue de 58,1 por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 17.778 muertos. EFE
