El presidente de Conindustria, principal bloque de industriales del país, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que desde el sector productivo se recomienda “que este decreto no sea aprobado en los términos en los cuales ha sido presentado”.
El empresario subrayó que “los supuestos que establece este decreto son equivocados”, puesto que no reconoce una crisis estructural del modelo promovido por el chavismo “desde hace mucho tiempo”.
“Se viene sustituyendo producción nacional por importaciones”, al amparo de la bonanza petrolera de la última década, subrayó Olalquiaga.
Por su parte, Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), cuestionó el decreto de Maduro por considerar que “el texto completo es legitimar” una política que no ha dado resultados.
“Aquí no hay nada que no se haya venido haciendo”, manifestó Máspero, al señalar que eso se ha traducido en pérdida del poder adquisitivo y de puestos de trabajo.
El decreto de emergencia del Ejecutivo contempla que el gobierno podrá disponer de bienes del sector privado para garantizar el abastecimiento de productos básicos y fijar límites al ingreso y salida de moneda local en efectivo.
También comprende una instancia de negociación con empresas públicas y privadas para reactivar nueve sectores de la economía venezolana, que entre enero y septiembre de 2015 retrocedió 4,5%.
El diputado José Guerra, presidente de la comisión especial legislativa, indicó que el parlamento “adoptará la decisión que más le convenga al país”.
A su juicio, “la crisis en Venezuela se ha exacerbado” con el desplome del petróleo, y aseguró que el país no contaba con “las medidas protectivas” para superar la tormenta.
“Queremos ayudar al gobierno y al país a que la crisis se solvente, pero también queremos que el gobierno haga las cosas bien” dijo Guerra.
Venezuela padece un severo desabastecimiento desde 2013, previo a la caída del precio del crudo, ante las dificultades de importar las materias primas y bienes de consumo, aunado al empobrecimiento del aparato productivo nacional.
Según Conindustria, se le adeuda a proveedores internacionales 12.000 millones de dólares, lo que complica la obtención de crédito y materias primas para transformar y producir en el país petrolero.
El gobierno, por su parte, atribuye el desabastecimiento y el elevado costo de vida -la inflación más alta del mundo, de 200% según consultoras privadas, a una “guerra económica” de empresarios de derecha que buscan desestabilizarlo.
