La directiva de la Asamblea Nacional se pronunció en rueda de prensa este miércoles y calificó la reciente decisión del TSJ como la “sentencia del miedo”.
Henry Ramos Allup manifestó que “la sentencia lo que pretende, en abuso de funciones, es frustar las cualidades expresas de la AN de citar e investigar a cualesquiera funcionarios civiles y militares”.
“No tenemos ninguna duda en calificarla como la sentencia del miedo”, aseveró.
Anunció que seguirán investigando desde las comisiones los casos de narcotráfico de los que se han visto acusados miembros de las Fuerzas Armadas.
“Vamos a investigar la espeluznante situación de la deuda externa que el gobierno no quiere que se conozca, vamos a investigar la venta del 49% de los haberes en una filial de Pdvsa por 500 millones de dólares porque el Gobierno quiere seguir raspando la olla; vamos a seguir legislando a riesgo de que el TSJ en sala Constitucional siga declarando inconstituciona
Ramos Allup aseveró que la AN puede citar e investigar a cualquier funcionario venezolano y que la Sala Constitucional “es una agencia de un gobierno que se está derritiendo” y que busca evitar que funcionarios civiles o militares rindan cuentas ante la AN.
Invitó a los medios a asistir el viernes a la sesión donde será debatido el “insólito” contenido de la sentencia. “Cuando la AN va a tomar una decisión trascendente, la sala Constitucional emite sentencias”, añadió.
“Que piensen en el país, el daño no se lo hacen a la AN porque nosotros tenemos el respaldo popular y seguiremos trabajando y movilizando al país para que se den cuenta que este gobierno en su agonía, quiere arrastrar a todo el país hasta el precipicio (…) lo que está en juego es la gente que no consigue qué comer ni medicinas, que no tiene luz ni agua y han sido victima de un gobierno que está en sus últimos agónicos días”, argumentó.
Ramos Allup expresó que esta sentencia no tiene ningún efecto de presión, porque su fin “es proteger a funcionarios corruptos que no se atreven a dar la cara porque tendrían que ir directamente a un proceso judicial”.
La reciente medida del TSJ quita competencias al órgano legislador e incluso abre la posibilidad declarar nulas las leyes que sean aprobada en el hemiciclo. También elimina la posibilidad de que la AN revise, anule o revoque la designación de magistrados.
