Los compañeros de trabajo de Nicole Pérez (21) y Armando Oto Márquez Molina (24), funcionarios de Politáchira asesinados el pasado martes en una manifestación en Táchira, denunciaron irregularidades en la institución. La joven tenía 15 días en período de prueba. “No cumplía con los requisitos para poder estar en primera fila. Nicole no estaba preparada”, denunció José Gregorio Castillo, oficial, acompañado de otros 14 funcionarios. Una hora después de la rueda de prensa a todos los suspendieron.
Los efectivos explicaron que a las protestas van los miembros de la Brigada de Orden Público (BOP), con previo curso y capacitación para ese tipo de situaciones. “Deben saber controlar las emociones, manipulación de armas” y cómo emplear cada punto a su favor.
Castillo aseguró que el curso dura cerca de dos meses de constantes clases. Dijo que a Nicole ni le informaron, ingresó porque era estudiante de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y debía estar en una institución policial para tener experiencia “y en Politáchira se la otorgaron”.
El efectivo destacó que todos pueden ingresar para aprender a formarse, pero “esta compañera no debía estar”. Por el afán de tener funcionarios ahí no filtraron a quienes enviaron. Como no era parte de la nómina, no contaba con los beneficios laborales o seguridad social. Los directores de la Policía reunieron para costear los gastos funerarios.
El problema es interno
El sueldo, los equipos en mal estado, los uniformes rotos, el seguro, los bonos, el mal pago de las horas extras son algunas de las calamidades a los que son sometidos, pero la muerte de la joven y de su otro compañero “motivó a todos a denunciar las irregularidades de Politáchira.
“Nos pagan una miseria y nos exigen trabajar por muchas horas más, fuera del horario” todos aseguraron que necesitan tiempo para otras actividades y su familia. Algunos hacen labores extras para llevar más dinero a su casa ya que según ellos, lo que ganan por nómina no les alcanza.
