El sector oficialista va de frente en contra de la ley de Amnistía. El sábado vence el plazo de 10 días para que el presidente Nicolás Maduro haga sus observaciones en relación a este instrumento legal y mientras tanto, espera las firmas que sus simpatizantes le llevarán mañana a Miraflores en rechazo a la legislación, pero a juicio de expertos, se trata de rúbricas que no tienen ningún basamento jurídico para obstaculizar la viabilidad del proyecto que ya fue aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional (AN).
“Eso de estar pidiendo firmas para ver qué se debe hacer con la amnistía no está previsto en la Constitución. Estas firmas no tienen sino un valor simbólico que no debe condicionar ni lo que haga el Presidente ni lo que haga la AN”, acentuó Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal Venezolano.
Explicó que legalmente el Presidente de la República puede hacer sus observaciones, pero que esto no traba para nada la vigencia de la ley. El jefe de Estado tiene la opción de no pronunciarse y dejar que transcurra el plazo para que el Parlamento la sancione; también puede promulgarla o simplemente de hacer sus sugerencias y devolverla al hemiciclo.
La abogada Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, enfatizó que la recolección de firmas del oficialismo es “inconstitucional”. Acentuó que la ley ya pasó por una consulta pública como parte del proceso que se sigue en el Parlamento.
“La amnistía es una potestad exclusiva de la Asamblea Nacional. Si el Presidente no quiere promulgarla, la mayoría parlamentaria lo puede hacer. La amnistía ya es ley en el país y se debe cumplir. Eso es el sano derecho”, dijo la defensora de los presos políticos Rosmit Mantilla, Javier Sierra, Gilberto Sojo, entre otros.
A través de su Twitter en la MUD, Delsa Solórzano, diputada de la AN, dijo este martes que el año pasado casi ocho millones de personas ya le dijeron sí a la amnistía. Exhortó a Maduro a respetar el fallo parlamentario avalado por la voluntad del pueblo.
Diputado preso al hospital
Gilberto Sojo, diputado suplente de Dinorah Figuera por Aragua en la AN, fue llevado durante la mañana de ayer al Hospital Militar de Caracas por problemas cardiacos. Su abogada Theresly Malavé criticó la mala atención ya que ni siquiera había camas ni insumos médicos. Es la cuarta vez que lo remiten a un centro asistencial. Está detenido en el Sebin desde el 26 de noviembre del 2014. “Le hicieron un holter, no aguantó la prueba de esfuerzo, tiene arritmias fuertes. Lo más delicado es que no sabemos exactamente su diagnóstico porque no hay la atención debida”, dijo la defensora.
Reporta Laverdad.com
