José Guerra, diputado de la AN, afirma que el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica no será aprobado en el Parlamento. Los elementos que preocupan a los expertos son la asignación de potestades extensas al Ejecutivo, Fuerza Armada Nacional, los Clap y el poder popular.
En la Gaceta Oficial 40.993 que circuló ayer se publica un estado de excepción y decreto de emergencia económica con un contenido más amplio que otorga mayores competencias a organismos del estado. Resalta el artículo 3 que de acuerdo con José Vicente Haro, abogado constitucionalista, el presidente Nicolás Maduro “está pretendiendo atribuirse casi una ley habilitante”.
Las potestades son tan extensas que funcionan como un espejo de ese poder. Y es que el artículo 3 del decreto establece: “El presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias”.
José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional, concuerda: “Esa es una licencia para hacer lo que él quiera”. Para el parlamentario, el documento tiene tres objetivos fundamentales: la utilización de todos los recursos del presupuesto y créditos adicionales sin la aprobación del Parlamento; proteger a los ministros que están siendo investigados e involucrar a la Fuerza Armada en la distribución de alimentos.
“Desde el punto de vista político le está dando poderes exorbitantes a la Guardia Nacional, a los consejos comunales y a los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución), una potestad muy amplia que les está otorgando inconstitucionalmente”, afirma Haro sobre la función de estos entes de velar por el establecimiento de orden público.
Agrega que solo la GNB y los organismos de seguridad pueden ejecutar estas acciones de orden público, en las que incluye la dispersión de protestas y manifestaciones.
Haro alerta que el decreto también atenta en contra del derecho de propiedad del sector privado y sus garantías económicas, y surge de nuevo la preocupación de un “corralito” por una posible restricción de la administración de los recursos disponibles en cuentas bancarias.
Por estos elementos, considera que el Poder Legislativo, que hoy debate el decreto, debe no solo desaprobarlo, sino revocarlo, puesto que indica que incurre a graves violaciones a la Carta Magna. “Es un decreto que afectan derechos políticos, económicos y de las instituciones públicas”.
La Asamblea Nacional ya recibió el decreto y su evaluación será el único punto de la agenda en la sesión de hoy. Pero, Guerra mantiene la postura que asumió cuando negó un documento similar en enero: “Eso no se puede aprobar porque los diputados se harían partícipes de la crisis económica que se va a agudizar con el decreto”.
Explica que se trataría de una violación a la Constitución si el Tribunal Supremo de Justicia vuelve a aprobar la legislación. Añade que cualquier acción que ejerza un ministro con los créditos adicionales obtenidos por esta vía sin el consentimiento del parlamento es ilegal. Reseña Diario La Verdad.
Claves del decreto
* El Presidente podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias.
* Medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo del sector privado en la producción, comercialización y distribución de insumos y bienes.
* Garantía mediante la FANB, órganos de seguridad ciudadana y los CLAP de la correcta distribución y comercialización de productos de primera necesidad.
* Aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo de contratos para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos sin sometimiento a autorizaciones de otros poderes públicos.
* Suspensión temporal de la ejecución de sanciones políticas contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios.
* Atribución de funciones de vigilancia y organización a los CLAP, consejos comunales y demás organizaciones del poder popular, junto con los organismos de seguridad para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país.
* Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras.
* Requerir de organismos nacionales e internacionales, así como del sector privado nacional, apoyo y asesoría técnica para la recuperación del parque de generación del Sistema Eléctrico Nacional.
