Los vicios en el proceso de elección de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizado en diciembre pasado, por la anterior Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, habrían comenzado desde el mismo momento que en se abrieron las vacantes, gracias a la jubilación anticipada de quienes ocupan esos cargos, las cuales fueron resultado de presiones.
Así lo denunció la magistrada emérita Carmen Elvigia Porras a la Comisión Especial del Parlamento que investiga la designación de los miembros del máximo juzgado, ante la cual compareció hoy; y a la que dijo: “Fui obligada a jubilarme, no fue una decisión libre, sino producto de coacciones”.
Porras, quien hasta diciembre pasado se desempeñó como miembro de la Sala Social del TSJ, entregó como pruebas de sus palabras el recurso administrativo que en diciembre pasado entregó a la Directiva del TSJ y en el cual solicitaba que no se le concediera el beneficio de la jubilación. El escrito jamás fue respondido.
