ONG’s, triunfo electoral del 6D, desabastecimiento, derechos humanos, inseguridad, liberación de presos políticos y democracia son algunos de los enemigos internos que debe enfrentar la FANB, según un documento presentado por el ministro Vladimir Padrino a los oficiales del Estado Mayor Superior Ampliado. Rocío San Miguel, experta en el tema militar, considera grave algunos aspectos contenidos en el instructivo y asegura que la Milicia Bolivariana “son soldados al servicio de la revolución”
Por Ronna Rísquez / @ronnarisquez / RunRunes
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó dotar de armas largas y municiones a la Milicia Bolivariana y al pueblo en 2016. Esta y otras directrices están establecidas en un documento entregado a los oficiales del Estado Mayor Superior Ampliado para su ejecución ante supuestas amenazas a la independencia y soberanía del país debido -entre otras cosas- a “acciones conspirativas internas y externas para la desestabilización del Estados”.
En una reunión que se realizó el pasado 5 de febrero de 2016 para analizar la seguridad de la nación, el titular de la Defensa giró una serie de instrucciones a los oficiales del Estados Mayor Superior Ampliado orientadas a atender una supuesta amenaza interna y externa “implementada por el gobierno de Estados Unidos” mediante una estrategia de Estados fallido. Estas indicaciones están especificadas en un documento, de 10 páginas, se denomina: “Guía de planteamiento del comandante estratégico operacional de la FANB ante las amenazas contra la independencia, soberanía y la integridad del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela”.
En la página 9, al abordar el punto relacionado con la logística, destaca una de las órdenes del ministro Padrino López en el apartado identificado con la letra “c”: “Desconcentrar todo el armamento y munición que sea posible con el objeto de acercarlos a las Unidades y al pueblo, especialmente a la Milicia Bolivariana que requiere de la dotación de armas largas y munición para elevar su apresto operacional. Hacer máximo uso de las instalaciones de la FANB existentes”.
Previamente, en el apartado “b”, se indica que el Comando Logístico Operacional (COLOP) y los Comandos Generales deben establecer un plan conjunto de preservación de sistemas de armas a fin de “garantizar la disponibilidad de los mismos para ser usados cuando la amenaza lo imponga”.
“Esto es algo gravísimo, muy grave, porque la Milicia Bolivariana no es un componente de la Fuerza Armada. No está contemplada en la Constitución. Esto significa que se están entregando las armas a grupos no profesionales de la FAN, que están al margen de la ley. Son soldados al servicio de la revolución”, asegura Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
La experta explica que la estructura militar actual contempla en todo el territorio nacional 7 Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), 24 Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) y 99 Áreas de Defensa Integral de la Milicia (ADI). “Esto quiere decir que se están entregando finalmente las armas a las 99 ADI, que están constituidas por aproximadamente 1.500 agrupaciones de Milicia Bolivarian que ocupan todas las parroquias a nivel nacional”, afirma San Miguel, y detalla que sólo en la zona noroeste de Caracas (entre San Bernardino y el 23 de Enero) operan ocho grupos de milicianos identificados como Ezequiel Zamora.
“Se está avanzando en la afirmación de la milicia como organizaciones de combatientes que se deben a la defensa de la revolución y esto es absolutamente inconstitucional, y sumamente grave”, insistió la presidenta de la ONG Control Ciudadano.
Explicó que desde la reforma de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en 2014, la Milicia Nacional Bolivariana pasó a ser parte de la FANB, sin embargo no es uno de sus componentes. “La FAN es la única depositaria de las armas de la República”, precisó San Miguel.
¿La guerra de la FANB contra la FANB?
El documento presentado por el ministro Vladimir Padrino a sus oficiales comienza de la siguiente manera: “Hoy los he reunido con la finalidad de impartirles las instrucciones que considero deben atender y tomar en cuenta en la planificación y ejecución de actividades que acometeremos durante el año 2016 ante la situación de amenazas contra la independencia, soberanía y la integridad del espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela puestas de manifiesto en la realidad actual como parte de la GUERRA DE CUARTA GENERACIÓN, GUERRA NO CONVENCIONAL Y ESTRATEGIA DE ESTADO FALLIDO implementada por el gobierno de EE UU”, dice el documento.
Luego enumera las expresiones de esa supuesta guerra: “…han sido el boicot de las corporaciones internacionales, el desabastecimiento, acaparamiento, especulación de productos de todo tipo, contrabando de extracción, mercado negro de divisas y ataque a la moneda y economía nacional; inseguridad (hampa común, crimen organizado, narcotráfico, paramilitarismo); corrupción y crisis de valores éticos y morales; operaciones psicológicas (internas y externas) para el debilitamiento de todo tipo; ataques a las empresas estratégicas y a los servicios públicos pudiendo estos últimos generar manifestaciones espontáneas o inducidas por falta de servicios básicos como alimentos, agua electricidad, aseo, transporte, gas, servicios para higiene y salud, entre otros; y las acciones conspirativas internas y externas para la desarticulación del Estado”.
Lo llamativo en este aspecto es que todas las supuestas “amenazas o expresiones” de esa “estrategia de Estado fallido” aparecen asociadas a actividades que son responsabilidad o que están bajo el control de la FANB desde varios años. Por ejemplo, toda la cadena de importación y distribución de alimentos en el país está bajo la administración de militares (desde el ministerio de Alimentación hasta Guías de Distribución); y también son funcionarios de la FANB quienes se encargan de custodiar las fronteras para evitar el contrabando de extracción.
En el caso de la seguridad ciudadana, se trata de una área que ha estado en manos de la Guardia Nacional desde hace 17 años (bajo la identificación de diversos planes y misiones que llegan hasta A toda Vida Venezuela y las OLP) y el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz es un mayor general del Ejército.
En el caso del narcotráfico como amenaza a la estabilidad del Estado, es imposible obviar el papel que ha desempeñado el estamento militar en este escenario, con resonancia internacional incluso. Son innumerables las denuncias que vinculan a funcionarios de la FANB con el tráfico de drogas. Recientemente destaca una supuesta investigación en una fiscalía de Nueva York al mayor general Néstor Reverol, comandante de la GNB. Y hace apenas dos semanas fue detenido el mayor del Ejército, Juan José Sorja Ojeda, con casi 500 kilos de cocaína. Una amplia lista de nombres de militares vinculados a la revolución y señalados por narcotráfico ofrece Mildred Camero, ex presidenta de Conacuid, en su libro Chavismo, Narcotráfico y Militares.
Venezuela lideró la compra de armas en América Latina en 2015, bajo la administración del ministro Padrino López
Sin embargo, según el documento del ministro de la Defensa la amenaza interna está en la población civil, representada en las ONG y en el triunfo electoral de la oposición el 6 de diciembre. “No podemos dejar de visualizar a las grandes corporaciones internacionales con intereses en los recursos naturales de Venezuela, el financiamiento de corporaciones y gobiernos a las ONG’s y organizaciones sociales con carácter desestabilizador… y la presión geopolítica ejercida por los EEUU para garantizar el control de nuestra patria por cualquier medio, usando como pretexto la restauración de los derechos humanos, la democracia, las libertades públicas, la liberación de ‘presos políticos’ y el resultado de las elecciones del pasado 6 de diciembre de 2015”, dice un párrafo de la página 2 del documento.
Esta concepción de la población civil como enemigo de la nación es otro de los aspectos que preocupa a Rocío San Miguel, quien recuerda que en el caso de Venezuela estas medidas especiales en momentos de conflictividad social “revisten una inquietud particular por el modo en que operan y por la vigencia del decreto (008610) que permite el uso de armas de fuego y la fuerza mortal contra manifestantes”.
El documento también destaca que “la palabra clave para el año 2016 es MANTENER el apresto operacional de la FANB y la Milicia Bolivariana desde el punto de vista de personal, adiestramiento, armamento, munición; materiales y equipos, para estar en capacidad de dar respuesta a las diferentes amenazas”. Además garantiza el abastecimiento de alimentos para los funcionarios.
Por otra parte, esta semana fue publicado un informe del Instituto de Investigaciones de Paz de Estocolmo que revela que Venezuela fue el mayor comprador de armas de América Latina en 2015 y ocupa el lugar 18 entre los países del mundo que más armamento adquirieron el año pasado.
