Pocos tienen fe de que el TSJ, considerado un aliado del chavismo, le dé vía libre a esta ley, que busca liberar a 115 encarcelados, entre ellos el líder opositor Leopoldo López
Los venezolanos saben que cuando una ley se promulga no es garantía de que se cumpla, sobre todo si el oficialismo está en contra de ella.
Es lo que ocurre con la Ley de Amnistía, aprobada el martes en la Asamblea Nacional, ahora controlada por la oposición, después de un aguerrido debate que terminó a las 11:00 pm.
Ahora la Ley será enviada al Ejecutivo: el presidente, Nicolás Maduro, tiene 10 días para revisarla, promulgarla y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial.
Pero Maduro, en una cadena nacional que se trasmitió al tiempo que el debate, ya reiteró su opinión: «Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, narcotraficantes y terroristas».
«La verdad, tengan la seguridad que esa ley por aquí no pasa», dijo el mandatario, que más que poder de veto puede emitir observaciones para que la Ley sea revisada.
Si Maduro no se pronuncia en los próximos diez días, la Asamblea tiene facultad de promulgar la ley, que entonces queda a merced de la opinión del Tribunal Supremo de Justicia, responsable de verificar su constitucionalidad.
Pocos tienen fe de que el TSJ, considerado un aliado del chavismo, le dé vía libre a esta ley, que busca liberar a 115 encarcelados, entre ellos el líder opositor Leopoldo López.
Pero esa es la carta de la oposición.
«Si el gobierno la sigue bloqueando, están desconociendo la voluntad del pueblo y se confirman ante el mundo como un régimen autoritario que fracasó y se está desmoronando», dijo Lilian Tintori, esposa de López y activista de derechos humanos.
Qué busca
Le Ley de Amnistía fue una de las principales propuestas de campaña de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre, con las que el oficialismo perdió el control del Parlamento por primera vez en 17 años.
Analistas y encuestadores atribuyeron la victoria de la oposición a la crisis económica y el voto castigo de muchos chavistas, más que a una voluntad de liberar a los llamados por la oposición presos políticos.
Aunque un 69% de los venezolanos considera positiva esta ley, según la encuestadora local Datanálisis, de las cuatro leyes presentadas por la oposición esta es la que mayor rechazo recibe: 17%.
Según el Artículo 186 de la Constitución, la Asamblea Nacional puede dictar o decretar amnistías para olvidar un delito que según la ley se cometió.
Eso permite que un procedimiento judicial, sentenciado o en curso, se extinga.
Organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, ex presidentes de un centenar de países y, por supuesto, la oposición venezolana consideran injustas las condenas o imputaciones contra estos 115 presos.
Algunos son comisarios de la policía que jugaron un activo papel en el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 y supuestamente fueron autores de algunas de las muertes que ocurrieron ese día.
La mayoría son algunos de los casi 4.000 manifestantes que fueron arrestados durante las protestas que convocó Leopoldo López en 2014 para pedir la renuncia de Maduro.
Otros, como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, están acusados de conspiración por sus declaraciones y supuestas alianzas para derrocar e incluso asesinar al presidente Maduro.
Y hay incluso un grupo de tuiteros que por sus mensajes contra el gobierno, considerados parte de una conspiración, están en prisión.
Otra vez, el TSJ
El obstáculo más grande que tiene esta ley –y cualquier otra que apruebe la Asamblea– es la Sala Constitucional del TSJ, que no ha fallado una sentencia contra el gobierno chavista en los últimos 10 años.
Muchos de los magistrados del TSJ vienen de militar en el partido de gobierno y fueron nombrados en diciembre por la mayoría chavista del Parlamento justo después de perder las elecciones en una polémica movida que muchos calificaron de inconstitucional.
Desde entonces el TSJ ha publicado varias sentencias que declaran inconstitucionales las medidas tomadas por la nueva Asamblea.
Incluso, pese a la opinión contraria del Consejo Nacional Electoral, el TSJ suspendió la juramentación de tres magistrados de la oposición por el estado de Amazonas, cuyas elecciones fueron impugnadas.
Y, con eso, el TSJ declaró que la oposición perdió los dos tercios de mayoría en la Asamblea con los que obtenía mucho más poder que con la mayoría calificada de tres quintos que tiene ahora.
La estrategia
La oposición, sin embargo, confía en que ni el presidente ni el TSJ podrán obstaculizar la Ley de Amnistía.
De hecho, lo que el TSJ debe verificar sobre la amnistía es que los implicados hayan sido condenado por delitos de lesa humanidad, que no es el caso de ninguno de los 115 presos en cuestión.
Pero la estrategia de la oposición parece ir más allá.
El martes por la mañana la Asamblea publicó el orden del día en el Parlamento, y en él sólo se pautaba –para sorpresa de muchos– la discusión de un proyecto de ley para beneficiar a jubilados y pensionados.
Lo que parecía iba a ser una ordinaria sesión del Parlamento terminó siendo una jornada crucial que contó con la presencia de Tintori y otras representantes de los presos y que terminó en la aprobación de la ley de Amnistía.
«Nosotros tenemos nuestras estrategias y hay cosas que no vamos dar a conocer», aseguró la diputada opositora Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior y moderadora del debate del martes.
«Nuestra estrategia es clara y meridiana, llena de madurez y responsabilidad. Nosotros sabemos lo que hacemos», dijo.
Justo después de la aprobación de la Ley de Amnistía, la Asamblea inició la discusión de una ley que precisamente busca reestructurar el TSJ y nombrar nuevos magistrados.
La oposición ha anunciado una movilización nacional para presionar a Maduro a que renuncie, así como una enmienda constitucional que recorte el periodo presidencial y un referendo revocatorio para sacar al mandatario del poder.
Al tiempo, dice Tintori, «seguiremos con nuestras campaña internacional de denunciar las violaciones de derechos humanos que todos los días este gobierno comete».
Y algunos apuntan a que el diálogo entre la oposición y el gobierno, donde se podría negociar la liberación de los llamados «presos políticos», puede ser otra vía quizá menos traumática hacia el cambio.
Maduro, sin embargo, no ha dado pistas de que esté interesado en dialogar.
El trecho para liberar a los presos, aun con una ley aprobada en el Parlamento, todavía se ve largo. Y espinoso.
