El criminólogo Fermín Mármol García afirmó que de los 38 penales existentes en el país, 26 son controlados por líderes carcelarios. “70% de los centros penitenciarios están bajo el dominio de los pranes, quienes manejan no sólo el negocio de la venta de droga dentro del penal, sino también la trata de blancas”, aseveró.
El experto en seguridad ciudadana afirmó que sus tentáculos se extienden al sicariato, secuestros, robo de vehículos, la organización de fiestas de negocios en las comunidades como otra forma de ganar dinero para la compra de armas y droga. “Además de que en la mayoría de los casos son los que planifican los desmembramientos de algún integrante de su organización o de otra rival y dominan las zonas de paz, ubicadas en el municipio Acevedo del estado Miranda”, acotó.
Sin embargo, tal figura criminal ha encontrado terreno propicio para crecer apoyado en sus políticas penitenciarias. Un ejemplo de ello es Yusleidy Zambrano, madre de un recluso que estaba en el penal de San Antonio, Nueva Esparta, quien le dijo al diario El Tiempo que el fallecido Teofilo Cazorla, mejor conocido “El Conejo” era “un líder, ayudaba a los presos, les daba privilegios. Fui a visitar varias veces a mi hijo en la cárcel y tenía todas las comodidades: había piscina, discoteca, una sala de entretenimiento. Los fines de semana hacían parrilla para que ellos pudieran compartir con la familia. A mi muchacho, que estaba desde hace cuatro años preso en el penal de San Antonio, no le faltaba nada”.
Para Marmol García, la figura del pran se ha convertido en el país en una industria criminal que además de beneficiar a la población reclusa, que forma parte de este negocio, favorece a militares y civiles. “En otras naciones como en República Dominicana y Colombia esta figura se ha debilitado por la imposición de controles: el bloqueo de llamadas telefónicas, el paso de armas y la construcción de nuevas cárceles, convertidas en centros de reinserción social. En Colombia, los pranes son llamados ‘caciques’ y están en peligro de extinción”, planteó.
Por su parte, el también criminólogo Javier Gorriño, consideró que el pranato actúa bajo el amparo del Ejecutivo Nacional, que lo protege y negocia con los líderes. “El Gobierno dice ‘no nos metemos con ustedes, siempre y cuando no permitan que se registren motines’. Les da a los pranes el poder de hacer remodelaciones en las cárceles, de cobrar a aquellos que quieren estar en una habitación de lujo que incluya televisor, aire acondicionado, Blue Ray y otros servicios hasta 80 mil bolívares. Este tipo de cobro lo llaman ‘la causa’”, agregó.
Por último, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, cada vez que ocurren situaciones irregulares en las cárceles provocadas por pranes, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, sólo opta por vaciar los centros, tal como ocurrió con el tiroteo que hubo en el penal de San Antonio. “No hay políticas concretas para erradicar el pranismo, sino una actitud de complicidad”, concluyó.
