Acosado por el creciente descontento de la población, el régimen de Nicolás Maduro se afianza cada vez más en los brazos del sector militar, otorgándole a la máxima cúpula castrense un mayor control sobre la actividad económica del país en un intento por asegurar la lealtad de los cuarteles.
Analistas consultados dijeron que la reciente decisión de Maduro de crear empresas militares para que operen dentro del sector petrolero, el minero y el agrícola busca fortalecer los nexos entre el régimen y los uniformados, lo cual se ha vuelto esencial para preservar el poder ante el riesgo de que el colapso económico provocado por el chavismo desemboque en un estallido social.
“Se garantiza la lealtad militar, que está cada día más puesta en duda, como consecuencia del deterioro significativo de la economía y el incremento de la corrupción”, comentó desde Londres Diego Moya-Ocampos, analista de IHS.
“Los militares estaban en muchas partes en este régimen, pero nunca antes habían estado metidos en las empresas extractivas [de minerales y de petróleo]”, agregó.
En una serie de medidas sin precedentes en Venezuela, Maduro autorizó en febrero al sector militar a ingresar en el terreno de la producción de alimentos y de la explotación de petróleo, gas y de recursos minerales.
Al realizar el anuncio sobre la empresa agrícola, Maduro resaltó que la medida buscaba sembrar medio millón de hectáreas, haciendo uso de los terrenos de las unidades militares, incluyendo cuarteles y “lugares donde nuestra Fuerza Armada tiene su centro de operaciones”.
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La operación “arranca con la activación de 97 unidades de producción socialista en unión cívico-militar, 135 casas de cultivo, 114 granjas piscícolas y 66 granjas camaroneras”, resaltó Maduro.
Dos semanas antes, Maduro había anunciado la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), otorgando a los militares concesiones dentro de la producción petrolera y la explotación de oro y de diamantes.
Adscrita al Ministerio de Defensa, CAMIMPEG tendrá competencias similares a Petróleo de Venezuela como la “rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros”, y actividades de comercialización y distribución de “la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera”, según la Gaceta Oficial, órgano en el que se formaliza su creación.
Para Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano, ONG que monitorea al sector militar venezolano, la creación de CAMIMPEG abultará los bolsillos de los generales.
“Esta CAMIMPEG va a ser un nuevo zarpazo a la economía del país. Eso va a fomentar la corrupción completamente”, dijo San Miguel.
Y las oportunidades de la corrupción serán mayores ante el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pretende arrebatarle a la Asamblea Nacional la función constitucional de monitorear al sector militar.
“Y ahora con esta decisión del TSJ, que deja al sector militar sin supervisión [de la Asamblea Nacional], es una oferta muy jugosa para generales y almirantes corruptos”, enfatizó San Miguel.
Por otro lado, las empresas militares otorgan a los generales un control mayor sobre la economía lo que realza sus posiciones no solo dentro del régimen, sino también ante un eventual proceso de transición.
“Le da más elementos de negociación frente a una eventual transición”, ya sea emprendida esta por la oposición o por el chavismo, dijo San Miguel.
No obstante, Maduro muy probablemente no estaba pensando en transiciones cuando decidió brindarles nuevas maneras de enriquecerse a los militares.
“Lo que buscaba era una nueva manera de hacer mucho más costoso para los militares separarse del régimen, dándoles a entender que bajo un sistema democrático llevado por civiles nunca tendrán el mismo grado de beneficios que disfrutan hoy con Maduro”, agregó Moya-Ocampos.
Las recompensas se hacen necesarias ante una mayor probabilidad de que los graves problemas de escasez de alimentos, medicinas, agua y electricidad, próximamente empujen a la población a la calle a protestar masivamente en su desesperación.
Un estallido social, de características similares a las del Caracazo, siempre ha sido una de las mayores preocupaciones de los militares, ante los prospectos de que se vean obligados a repetir las acciones que dejaron cientos de muertos en 1989.
“Lo que ellos más temen es que se produzca un estallido social masivo que les obligue salir a las calles a matar gente”, advirtió desde Miami la analista Vilma Petrash.
El riesgo de que se vean obligados a hacerlo se está acentuando dada la desesperación de la gente, pero por el momento el régimen está apostando a que la población gradualmente se acostumbre pasivamente a una nueva realidad de miseria.
“El juego actual del gobierno es el juego del cansancio y de la desesperanza de la gente”, dijo Petrash. “Te reducen al individuo a la lógica de la supervivencia”.
