La acción del Tribunal Supremo de Justicia al declarar vigente el Decreto de Emergencia negado por la Asamblea Nacional pone a Venezuela en un solo orden, se acabó el tiempo de espera hay que aplicar la Carta Democrática ya. Estamos en la frontera de un autogolpe.
Despojar de manera subrepticia de sus competencias y atribuciones constitucionales a la Asamblea Nacional no puede interpretarse de otra forma distinta que no sea una violación flagrante al sistema democrático.
Todos los análisis jurídicos serios, responsables y profesionales leen con claridad que la decisión del TSJ es nula conforme al artículo 25 de la Constitución, porque viola los derechos de la Carta Magna, pero además quebranta los artículos 112 y 115 referidos a la libertad económica y el derecho de propiedad, que llevado a términos generales es en conclusión una evidente transgresión a los derechos humanos.
Haciendo un check list sobre cómo el Gobierno ha ido incumpliendo las bases de nuestra democracia, llegamos al último punto, y como ante las transgresiones repetidas y establecidas como metas la violencia es posible, lo mejor es asumir el camino pacífico y no es otro que la aplicación de la Carta Democrática.
Pasamos por el desconocimiento de los diputados electos por el estado Amazonas, la negativa de comparecencia de Ministros y demás autoridades de rango para rendir cuenta de su gestión ante el Parlamento, la aplicación a diario de medidas inconsultas que atentan contra la búsqueda de mejores condiciones de trabajo e inclusive el retraso de otras que pudieran dar una luz a la menguada economía pero que el Gobierno no termina de aplicarlas por el peso político que tienen como el incremento del costo de la gasolina.
Nuestro sistema democrático está constituido sobre la base de controles entre los distintos poderes, y en los estados de excepción, como su nombre lo indica se exceptúa de la aplicación de algunos artículos que conforman el contenido de la Constitución, pero previo, conforme a la norma, mandatos y el propio espíritu del legislador, es obligante la concurrencia de la Sala Constitucional para evaluar el contenido jurídico de la excepción y de la Asamblea a quien le corresponde revisar políticamente si cumple o no con los extremos del contenido del decreto.
Es inaceptable que el TSJ sustraiga de esta ecuación de control a uno de los actores más importantes como es el Parlamento, pues representa aniquilar su poder y de hecho su existencia, y tal circunstancia dentro del conglomerado democrático de Venezuela y de cualquier parte del mundo es un golpe de Estado. Si no hay control del Parlamento sobre el poder Ejecutivo, sencillamente no existe como poder constituido.
En consecuencia y visto que el Presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la medida del TSJ que cercenó la representatividad a 4 diputados, advirtió que la castración de la voluntad popular abría la posibilidad de aplicar la carta Democrática, y ahora se complementa el desvarío constitucional con la eliminación de la competencia del control político de la Asamblea Nacional dentro de los estados de excepción, que es uno de los decretos más obligantes y peligrosos, no hay mas nada que esperar, la carta Democrática tiene que ser ya.
