Recientemente, el presidente venezolano Nicolás Maduro se arrogó amplias facultades para preservar la seguridad de la nación y hacerle frente a la escasez de alimentos y medicinas en el marco de un Estado de Excepción con el que asegura que enfrentará la ofensiva opositora para sacarlo del poder.
La oposición defiende que la medida obedece a un “autogolpe” y descubre a un régimen moribundo. Pero, ¿será este el comienzo del fin para un Gobierno “moribundo”, o el inicio de la radicalizanción roja después de Hugo Chávez?
Según Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), el Decreto de Estado de Excepción “busca calmar la rabia de la gente más no su hambre”. A su juicio, los representantes del Gobierno se sostienen “sin popularidad” sobre los organismos de fuerza del Estado “para reprimir a un pueblo al cual paradójicamente dicen representar”.
Por su parte, Julio Borges, jefe de la fracción opositora en el Parlamento, afirma que “un gobierno que se lanza un autogolpe al decretar el Estado de Excepción, es un gobierno muy débil”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista, José Vicente Haro, sugiere que el decreto que anunció Nicolás Maduro apunta realmente hacia la radicalización de la revolución bolivariana.
Maduro está consciente de que, en este momento, en el terreno de los votos no ganaría un referéndum revocatorio ni las elecciones regionales.
“Pareciera que hay más de la radicalización, una huida hacia adelante (…) que se desmarca de la Constitución y que busca llevar a los venezolanos a un terreno que es el que quizás la revolución mejor conoce: el de la violencia política, el de la persecución, el de los presos políticos, porque ellos, al final, tienen el control de las armas”, explica el abogado a Sumarium.
Al constitucionalista “le preocupa” que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, no sea capaz de frenar la nueva disposición de Maduro y que se “re-edite” lo ocurrido en enero de este año con el decreto de Emergencia Económica. En este sentido, vaticina un nuevo conflicto entre los poderes con un rol protagónico del Tribunal Supremo de Justicia.
El abogado consideraba apropiado que la AN revocara el decreto, pues la medida ya fue publicada en Gaceta el pasado lunes (con fecha del viernes). El parlamento “ha debido ser un poco más contundente, porque revocar le hubiera quitado cualquier tipo de efecto jurídico al decreto”, dice.
Con el Estado de Excepción, Maduro ajusta a la nación “a la medida de sus necesidades, nuevamente al margen de la Constitución”, agrega Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Opina que el documento no sólo “viola disposiciones claves del Título VIII de la Carta Magna”, referido a la Protección de la Constitución, sino que, además, “formaliza una dictadura de nuevo cuño en Venezuela”.
¿DICTADURA POR DECRETO?
De acuerdo con San Miguel, con esta medida “inconstitucional” Maduro busca acabar con las protestas y manifestaciones en el país.
Para la defensora de los Derechos Humanos, las “ambiguas palabras” del primer mandatario sobre estado de excepción están fundadas en el “temor a la gente en la calle” solicitando el revocatorio.
Advierte que un decreto de conmoción interior o exterior por 90 días, significaría la “aplicación del derecho de la guerra en el país”.
En esto coincide José Vicente Haro, para quien “el Presidente de la República está dando un golpe de Estado a las instituciones venezolanas, a la Constitución, pero, sobre todo, al pueblo”.
El documento publicado en Gaceta autoriza al Gobierno a dictar planes de seguridad pública ante posibles “acciones desestabilizadoras” y le da atribuciones de “vigilancia y organización” a los comités locales de abastecimiento, los consejos comunales, las fuerzas armadas y la policía.
Además, le da atribuciones para ordenar la intervención de la Fuerza Armada y los órganos de seguridad para garantizar la distribución y comercialización de alimentos y otros productos básicos.
En definitiva, el presidente de la República “se terminó otorgando una especie de ley habilitante ilegítimamente”, donde se atribuye a sí mismo amplios y plenos poderes, y concentra en sí la facultad para dictar cualquier normativa.
“Eso en términos concretos es el desconocimiento de la Constitución y es el establecimiento de una dictadura con apariencia de legalidad”, resuelve el abogado, para rematar: “He contado más de treinta artículos de la Constitución que viola el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en ámbitos fundamentales de la vida nacional, y todavía no he terminado la revisión”.
ACCIONES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
Para José Vicente Haro hay tareas por hacer dentro y fuera de Venezuela. “Son útiles e importantes las gestiones que se hagan a nivel internacional”, por ejemplo, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
“Estamos frente a un quebrantamiento del orden constitucional que afecta a su vez el orden democrático, tal y como lo señala el artículo 20 de la Carta Democrática Internacional”, expone el jurista.
Asimismo, plantea que en lo interno el gran reto es avanzar hacia la conformación de una Asamblea Constituyente y, desde ahí, redactar una Constitución “para el ciudadano y no para un determinado régimen”. Reseña Sumarium.
Entre tanto, con decreto o no, el hambre y la inseguridad siguen en las calles. La escasez de medicinas, alimentos e insumos básicos ya son algo cotidiano, tanto como la inestabilidad misma del Gobierno y quienes lo oponen.
