Los decretos de estado de excepción que ha dictado el presidente Nicolás Maduro no han sido precisos sobre las garantías constitucionales restringidas y las posibilidades de movilización de tropas y requisición de bienes. “Ello implica graves riesgos de abuso de poder que podrían aumentar si Maduro decreta la conmoción interna”, advirtió la experta en la materia Adriana Betancourt.
El primer mandatario dijo el miércoles: “El estado de conmoción interna es un recurso que tengo como jefe de Estado si se presentan hechos de golpismo. No dudaré para decretarlo si fuera necesario”.
Betancourt le toma la palabra al presidente para corregirlo: “Los estados de excepción constituyen el último recurso, no el primero, para atender situaciones comprobadamente excepcionales que no puedan ser afrontadas con los recursos ordinarios del Estado. Maduro no ha demostrado, por ejemplo, que los cuerpos de seguridad civiles no son suficientes para mantener el control del orden público y la seguridad de la nación, por lo cual no están dadas las circunstancias que ameritan medidas extremas. No se puede sacar el Ejército a la calle por cualquier disturbio”.
El artículo 13 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción establece que el decreto de conmoción interna procede cuando haya “grandes perturbaciones del orden público interno y que signifiquen un notorio o inminente peligro para la estabilidad institucional, la convivencia ciudadana, la seguridad pública, el mantenimiento del orden libre y democrático, o cuando el funcionamiento de los Poderes Públicos esté interrumpido”.
El constitucionalista Gerardo Fernández agrega que el Ejecutivo ha abusado de los estados de excepción con efectos contraproducentes: “En vez de resolver problemas, los ha creado. Es el gobierno el principal promotor de la crisis económica (pensemos en escasez de alimentos y medicinas), así como de la inestabilidad política por su actuación belicista y su indisposición al diálogo con todos los sectores de la sociedad venezolana, incluso los que lo adversan”.
Fernández insiste: “El presidente está echando mano del régimen de excepcionalidad constitucional para autodelegarse competencias que no le corresponden y burlar los controles que establece la carta magna. En definitiva es un nuevo fraude a la Constitución”. Reseña El Nacional.
